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Licencia de posesión de animales potencialmente peligrosos


Nivel 2. Descarga de formularios.
Descripción del procedimiento:
Es necesaria para la tenencia de animales potencialmente peligrosos la solicitud de la licencia correspondiente, que autoriza y ampara a su titular de forma personal e intrasferible, para la tenencia de perros que por sus condiciones se encuentren definidos como potencialmente peligrosos.
Forma de inicio:
Instancia de parte.
Sujeto:
La persona que solicita la licencia ha de cumplir con las condiciones tanto jurídicas como psicotécnicas que se detallan, tales como:
No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertar sexual y la salud pública, asociación con banda armada o narcotráfico, así mismo de no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Certificación expedida por los centros de reconocimiento debidamente acreditados, de la posesión de la adecuada capacidad.
No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves tipificadas en la ley 50/1999, de 23 de diciembre, por la que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Plazo de presentación:
A lo largo del año, o en su caso en el plazo que señale el requerimiento realizado por la administración.
Se procederá a su renovación cada 5 años.
Lugar de presentación:
-De forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento aportando la instancia de solicitud y debidamente cumplimentada y toda la documentación requerida para la tramitación del procedimiento.
-Por correo dirigido al Registro General del Ayuntamiento incluyendo la instancia de solicitud debidamente cumplimentada y los documentos requeridos en el procedimiento.
-A través del Registro Telemático con DNI Electrónico o Certificado Digital Avanzado y Reconocido, con la documentación en formato digital.
-En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
- En los demás supuestos contemplados en el art 38.4 de la ley 30/1992 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tributos:
Servicio gratuito.
Órgano gestor:
Negociado de Estadística y Asuntos Generales.
Órgano que resuelve:
Resolución de Alcaldía y/o de la Junta de gobierno local
Plazo máximo de resolución y notificación:
3 meses.
Efectos del silencio administrativo:
Desestimatorio.
Régimen general aplicable a esta administración sobre::
a) PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN:
Art 42.2 y 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
2. "El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea".
3. "Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación".
b) SILENCIO ADMINISTRATIVO:
Art 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
"Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado:
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:
a. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días".
"Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución".
c) RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa y aquellos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrán interponer los siguientes recursos:
- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiera dictado, en un plazo de 1 mes , o directamente recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ( según resulte del art 8 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998 de 13 de julio) en el plazo de 2 meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la presente notificación ( art 116 y 117 de la ley 30/1992, antes citada; y art 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).
- En materia de gestión tributaria el recurso de reposición deja de ser potestativo y constituye requisito previo y necesario para acudir a la vía contencioso administrativa (art 14 RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Tramitación presencial